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Como lo reveló MCCI, Romedic es propiedad de Jorge Amílcar Olán Aparicio, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’, hijo del presidente López Obrador. 

• La investigación que forma parte de un proyecto trasnacional liderado por CONNECTAS, con la participación de periodistas en una decena de países en la región, verificó los avances en cumplimiento a dicha promesa.

• Documentos hackeados a la Sedena revelan que un proveedor de armas para un grupo criminal tenía su base de operaciones en el Campo Militar 1 de la Ciudad de México, y otro cerca del octavo regimiento en Almoloya; vendían granadas en 26 mil pesos y los delincuentes hacían pedidos de miles de municiones

En 2019, primer año en que la Auditoría Superior fiscalizó a Segalmex, se incorporó a esa dependencia federal un hermano del auditor, quien trabajaba a las órdenes del director general, Ignacio Ovalle. A pesar de que las anomalías descubiertas son cercanas a los 13 mil millones de pesos y superan incluso a las de “La Estafa Maestra”, a la fecha la auditoría sólo ha presentado dos denuncias por faltantes que suman 149 millones, equivalentes al 1.1% de las irregularidades

Más “fantasmas” y más desfalcos se acumulan en torno a Segalmex, en lo que ya representa el mayor caso de corrupción del sexenio.

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• David López Martínez pasó los cinco años recientes de su vida sin saber que su nombre estaba registrado en el acta constitutiva de una compañía que había recibido más de 60 millones de pesos en contratos públicos, otorgados por el gobierno estatal de Chiapas.

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• La Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (SEDATU) asignó este lunes 11 de enero un contrato por 89 millones de pesos para renovar el estadio del equipo de béisbol Guacamayas de Palenque, cuyo fundador y directivo es Pío López Obrador, hermano del presidente de México.

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• Este sábado la revista británica destaca las pobres condiciones de protección de médicas y enfermeros mexicanos en la pandemia.

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• Liconsa ya se gastó los recursos que tenía todo el año para la compra de leche y proveedores de tres estados aseguran que les han retrasado los pagos.

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• Marcelo Odebrecht confesó en mayo de 2017 que había dado dinero a la campaña presidencial de EPN. Si la Procuraduría General de la República hubiera actuado, la investigación que involucraba al entonces Presidente pudo haber sido llevada ante un juez penal desde hace tres años, por un ilícito que se castigaba hasta con 9 años de cárcel.